El PP pide a la Junta que invierta en carreteras el triple que el PGE en toda España

JUAN MÉNDEZ / Sevilla / 17 Feb 2014

El Partido Popular andaluz ha solicitado en lo que va de legislatura a la Consejería de Fomento de la Junta la realización de obras de infraestructuras de carreteras por importe de unos 6.000 millones de euros, el triple del presupuesto inversor del Estado para carreteras en 2014, que asciende a 2.153 millones. La Consejería de Fomento, cuyo presupuesto total para este ejercicio se ha reducido hasta los 362 millones de euros, ha recibido además la petición del PP y la exigencia del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, de iniciar las obras de las líneas 2-3-4 del Metro de la capital hispalense, cuyo presupuesto global se eleva a unos 3.700 millones de euros. Además, el PP ha reclamado a la Consejería de Fomento que finalice de las obras del tranvía a Alcalá de Guadaíra, cuya inversión ronda los 100 millones de euros. Sumadas las cantidades por obras de carreteras y los metropolitanos, las demandas se elevan a más de 9.770 millones de euros. Los técnicos y asesores de la Consejería de Fomento no daban crédito cuando procedieron a sumar los presupuestos de las obras demandadas por distintas iniciativas emprendidas por el Partido Popular en el periodo que va de legislatura. Desde mayo de 2012 hasta finalizar el periodo de sesiones en junio de 2013, las obras reclamadas por la oposición popular ascendían a casi 8.000 millones de euros, si se incluían los costes de financiación de tres autovías (Iznalloz-Darro, Almanzora y la Autovía del Olivar) cuya construcción estaba prevista mediante la fórmula de colaboración público-privada. Además, la Ronda Norte de Córdoba, que tiene un presupuesto previsto de 164 millones de euros, elevaría su coste hasta los 220 millones, si se hubieran mantenido este tipo de construcción con participación privada. Ante tal demanda de obras, los técnicos de la Consejería de Fomento han ido recogiendo las sucesivas peticiones de obras de los populares que, a fecha de 7 de febrero, alcanzan ya los 9.770 millones de euros. “UNA HIPOTECA DE 30 AÑOS PARA LOS ANDALUCES” La consejera de Fomento, Elena Cortés, decidió, al inicio de su mandato, paralizar las obras que iban a financiarse mediante la colaboración público- privada al comprobar que el coste de los 91 kilómetros de las tres autovías citadas anteriormente cuadruplicarían el coste (de 900 a 3.600 millones de euros) si fuera la iniciativa privada la que promoviera las obras, y supondrían, en palabras de Cortés, “una hipoteca a 30 años para los andaluces”. Cortés puso fin de un plumazo a una iniciativa emprendida por su antecesora Rosa Aguilar, que no ha llegado a ver la luz como consecuencia de la crisis económica pese a que una treintena de bancos y todas las patronales de la construcción andaluzas se fotografiaron con la exministra en la firma de un protocolo de colaboración. Entre la treintena de obras reclamadas por los populares están el desdoble de la A-461 (Santa Olalla-RioTinto) y de la A-392 (Dos Hermanas-Alcalá); el tramo oeste de la Variante Sur de Berja; Las Losas-Roquetas (Variante de Roquetas), la vera-Garrucha, el acondicionamiento de la A-334 (autovía de la Almanzora), la variante de Albox de la A-334, la Ronda Sur de Mairena del Aljarafe, la conexiones de la playa-autovía de Huelva-Ayamonte, el soterramiento de la A-376 por Montequinto, el desdoble de la A-491 (Chipiona-Puerto de Santa María), la finalización de la A-355 (Cártama-Marbella) o el arreglo integral de la A-377 (Gaucín-Manilva), además de diversas obras de acondicionamiento y reparación de vías autonómicas y la conexión Sur Metropolitana de Huelva, que tiene un presupuesto de 308 millones de euros. Fuentes de la consejería han expresado su perplejidad por la avalancha de peticiones de obras, imposible de atender con la restricción presupuestaria actual. Además, han lamentado la especial carga de agravio y enfrentamiento entre las distintas provincias y territorios de la comunidad que los distintos responsables del PP andaluz han otorgado a sus peticiones.

La boda de la jueza y los nuevos retrasos

JUAN MÉNDEZ

El 17 de septiembre del pasado año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, afirmaba: “Yo creo que la propia juez es consciente de que en un tiempo ya cercano tiene que ir delimitando esta instrucción, cerrándola, para que se pueda ir llevando [la causa] a los tribunales de instrucción que correspondan, dado que el proceso ha entrado en unos tiempos delicados”. Pues bien, cuatro meses después las noticias que se filtran desde el Prado de San Sebastián, sede del Juzgado de Instrucción número 6 que preside Mercedes Alaya, no son muy halagüeñas con ese resultado, y apuntan a nuevos retrasos en la causa.

Según publicó el diario Abc, la jueza Alaya se casará por segunda vez en la Basílica del Gran Poder de Sevilla el próximo 15 de marzo con su actual marido, Jorge Castro, con el que lleva casada 30 años, por lo que la ceremonia, al parecer, consistirá en una renovación de votos del matrimonio. Para ello, la magistrada ha solicitado permiso oficial en el Juzgado desde el día 7 de marzo al 25 del citado mes.

Habida cuenta de que el calendario programado de declaraciones en el caso de los ERE finaliza el próximo 25 de febrero con la comparecencia de los peritos de la Administración del Estado, que deberán ratificar una pericial realizada por encargo de la magistrada, el caso quedará de nuevo en suspenso, hasta el regreso de las vacaciones nupciales de la magistrada. Eso, salvo que entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, la magistrada decida elevar la causa al Supremo por entender que en la causa están implicadas personas aforadas, cosa poco probable.

Entre otros asuntos, porque existen en la Audiencia de Sevilla varios recursos contra decisiones de Alaya presentados por varios de los más de 140 imputados en la causa. Además, la jueza ha ampliado diligencias en su investigación de las comisiones cobradas por los sindicatos UGT y CCOO por su intervención en los ERE, con peticiones de información al País Vasco. Asimismo, la jueza ha pedido ampliar la investigación de las cuentas bancarias del exdelegado en Sevilla de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, imputado hace ahora casi tres años, que se negó a declarar el pasado viernes. Se da la circunstancia que esta investigación pedida ahora por la jueza Alaya fue requerida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un atestado del pasado 13 de noviembre de 2013.

Alaya tarda dos meses en enviar a la Audiencia el recurso de Magdalena Álvarez

JUAN MENDEZ, Sevilla

Que un papel tarde cinco meses en cruzar los escasos 30 metros que distan del despacho de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, hasta llegar a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla podría ser objeto de una película. Pero la realidad es que así ha ocurrido. Los recursos de apelación presentados el 18 de julio de 2013 por el exviceconsejero Antonio Lozano y por el exdirector general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, contra su imputación en el caso de los ERE ante la jueza Alaya, no llegaron a su destino, la Audiencia Provincial, hasta el pasado 23 de diciembre. Las partes han tenido conocimiento el 2 de enero de 2014. De igual forma, el segundo recurso presentado por la exministra Magdalena Álvarez contra su segunda imputación, que fue presentado el 11 de noviembre de 2013, no ha llegado a su destino hasta el pasado 13 de enero, dos meses después de presentado.

Alguien podría alegar que el arduo trabajo de la jueza en este caso justificaría el retraso en la tramitación de los recursos, pero lo cierto es que existen otras causas a la vista del camino que siguieron los papeles, que no tienen una explicación coherente y apuntan, además, a un trato desigual de los imputados en esta causa, que se alarga ya más de tres años.

En cualquier caso, la labor de la jueza respecto de estos recursos de apelación directa ante la Audiencia sólo supone la firma de dos providencias tipo, de escasas cinco líneas: una para dar cuenta a las partes de la presentación del recurso y dar trámite de alegaciones; y otra del mismo tipo, trasladando el recurso a la Audiencia en unión de las alegaciones que presentaran las partes, si las hubiera.

En el caso de Lozano y Aguilera, el recurso que presentaron contra el auto de 28 de junio que les imputaba en el caso junto a una veintena de altos cargos de la Administración andaluza, fue presentado el 18 de julio de 2013, 13 días antes (31 de julio) de que lo hiciera por idéntico motivo la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez. Sin embargo, el recurso de la exministra fue trasladado por la jueza a las partes para que presentaran alegaciones el 9 de septiembre y, tras ello, lo remitió a la Audiencia el día 24 del citado mes de septiembre. Dicho recurso fue fallado por la Audiencia un mes después, el 25 de octubre, tumbando el auto de Alaya en el caso de la exconsejera, fallo que anulaba la imputación y requería a la jueza para que volviera a dictar una resolución suficientemente motivada para la imputación de la exministra.

UN LENTO CAMINO

Sin embargo, el camino del recurso de Lozano y Aguilera ha sido más lento, sin saberse los motivos. La jueza lo trasladó a las partes el 31 de octubre, cuando ya conocía que la Audiencia le había anulado dicho auto de imputación en el caso de Magdalena Álvarez, y lo volvió a retener en su poder hasta el 23 de diciembre —en plenas vacaciones de Navidad—, cuando lo remitió y llegó a la Sección Séptima de la Audiencia. Las partes personadas en la causa no se enteraron de este hecho hasta el pasado 2 de enero.

Se da la circunstancia de que, en ese periplo del recurso de los exdirectores generales, la jueza volvió a imputar a Magdalena Álvarez, le tomó declaración por segunda vez, y la exministra tuvo tiempo para volver a presentar otro recurso de apelación el pasado 11 de noviembre de 2013. Recurso que llegó a la Audiencia el 13 de enero, dos meses después de presentado, hecho que fue notificado a las partes el pasado 23 de enero de 2014.

Pues bien, este episodio ha tenido respuesta por parte de la Audiencia sevillana a la vista del goteo de recursos que le seguían llegando por el famoso auto de 28 de junio. El pasado 2 de enero la Audiencia remitió una diligencia de ordenación a Alaya para que le informase si el referido auto había sido notificado a todas las partes implicadas y si, a la vista del recurso de Lozano y Aguilera, quedaban más recursos pendientes de tramitación.

Alaya no ha emitido respuesta alguna a la Audiencia, si bien, el 13 de enero le remitió el segundo recurso contra su imputación presentado el 11 de noviembre de 2013 por Magdalena Álvarez, recurso del que las partes tenían noticia de su presentación desde el 19 de noviembre por providencia de la jueza.

La historia del peregrinaje de estos papeles entre despachos situados en edificios apenas separados por una veintena de metros acaba con una nueva diligencia de ordenación remitida el pasado 21 de enero por el secretario de la Sección Séptima de la Audiencia a la jueza Alaya, en el que en tres líneas le requiere: “Visto el tiempo transcurrido sin haber recibido del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla lo solicitado por resolución de fecha 02/01/14, líbrese nuevo oficio a dicho juzgado a fin de recordarle el urgente cumplimiento de lo solicitado en aquella”.

Publicado en Andalucesdiario.es

Alaya rechaza dividir el caso de los ERE: es una sola causa basada en una “estructura piramidal”

JUAN MÉNDEZ, Sevilla

La causa de los ERE es un solo e indivisible procedimiento penal, que básicamente consiste en una estructura piramidal de políticos que habrían creado un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas, vigente durante más de 10 años. Esta es, grosso modo, la definición que la magistrada Mercedes Alaya, instructora de la causa, ha realizado en un auto de fecha 28 de enero, en contestación a un recurso de uno de los más de 140 imputados en el caso.

Según Alaya, “no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues rompería la continencia de la misma”, tesis que según dice la magistrada comparte la Audiencia Provincial. Así desestima Alaya el recurso interpuesto por Encarnación Poto Monge, presidenta de Aceitunas y Conservas (ACYCO), quien está imputada de prevaricación, cohecho y obtención indebida de subvenciones y sobre la que pesa una fianza de responsabilidad civil de 4 millones de euros. La recurrente pretendía que su caso se escindiera de la causa general y fuera juzgada por separado.

Según la jueza, en el caso de Poto Monge, la imputada “lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como trama política, se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones, conociendo indiciariamente que las mismas se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes”.

Explica Alaya que aunque cada caso de subvención o expediente irregular de ayudas sociolaborales sea diferente, en todos ellos “podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas”, al entender que el mecanismo funcionaba perfectamente coordinado y regido por una estructura piramidal de políticos y cargos públicos.

MÁS DE 140 IMPUTADOS

Con esta decisión, la jueza mantiene su tesis de que la multitud de irregularidades que durante 10 años se cometieron en la concesión de ayudas y subvenciones sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo deben juzgarse por un único tribunal. La macrocausa sentaría en el banquillo a más de 144 personas, hasta ahora imputadas, cifra que podría elevarse en las próximas semanas, según la deriva que a la que apuntan las nuevas diligencias ordenadas por la magistrada.

Para mediados del mes de febrero está prevista la declaración de los peritos de la Administración General de Estado que han elaborado un prolijo informe -sólo el resumen ejecutivo cuenta con 150 páginas- y que, según fuentes de las defensas de la causa, será el documento sobre el que la magistrada se apoye para el cierre el procedimiento abreviado y la firma del auto de enjuiciamiento o apertura de juicio oral.

La Audiencia revoca un auto de Alaya y le obliga a imponer fianzas al exinterventor y a dos funcionarios

JUAN MÉNDEZ, Sevilla

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha vuelto a revocar un auto de la jueza Mercedes Alaya que instruye la causa de los ERE. En este caso, la Audiencia ordena a la magistrada que dicte una resolución imponiendo fianzas de responsabilidad civil contra el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, el exdirector de Administración y Fianzas de IDEA Antonio Diz-Lois Ruiz y la funcionaria de la Dirección General del Empleo María José Rofa.

La jueza había decidido no imponer fianzas a pesar de que todos están imputados de varios delitos, y pese a que la fiscalía y la Junta de Andalucía habían demandado expresamente fianza en el caso de la funcionaria. La jueza entendía en su auto revocado que para Gómez y Diz-Lois ninguna de las acusaciones había pedido fianza, y que la conducta de Gómez debía valorarse por la “apariencia de antijuridicidad”, al haber puesto en conocimiento de sus superiores los hechos presuntamente irregulares. Para el caso de Rofa, la jueza entendía que debía “valorarse positivamente, además, la contribución que la misma ha realizado para el esclarecimiento de los hechos”.

Según la Audiencia: “La actuación de un imputado de colaboración en la investigación judicial de los hechos podrá ser el de una posible atenuación de la pena, pero (si se mantiene la realidad de los indicios de su participación en una conducta delictiva causante de daño patrimonial, en este caso a la Administración autonómica)  no de una negativa a adoptar (o dejarlo para un momento posterior cuando no se ha hecho así con otros imputados) medidas de aseguramiento de esas eventuales responsabilidades pecuniarias, sin perjuicio de que para modular la cuantía del aseguramiento pueda tenerse en cuenta el grado de su intervención”.

La Audiencia entiende que la adopción de medidas cautelares, como son las fianzas de responsabilidad civil, no exigen la petición de las partes acusadoras del proceso, y considera que contra su auto no cabe interponer recurso ordinario alguno.

EL RECURSO DEL FISCAL

Este nuevo revés de la Audiencia, sin embargo, podría ser corregido por la misma sala, según han señalado fuentes jurídicas próximas al caso. Según estos medios, la Audiencia ha revocado el auto para los tres imputados, como respuesta a un recurso de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, este recurso del fiscal se formalizó sólo para el caso de la funcionaria de Empleo, María José Rofa, y no para los otros dos imputados.

Ante este recurso, la Audiencia sólo recibió alegaciones de parte de la defensa de la citada funcionaria. Las defensas de los otros dos afectados no alegaron habida cuenta de que el recurso no se formalizaba sobre decisiones que pudieran afectarle a sus clientes.

Fuentes próximas al caso han indicado que la fiscalía presentará en breve un escrito de aclaración ante la Audiencia para pedir que sea modificado el auto de revocación, procedimiento que, por otro lado, parece difícil de aplicar por cuanto un auto de aclaración no puede variar el sentido del auto.

Se da el caso de que esta misma sala de la Audiencia revocó parcialmente el auto de imputación de 20 exaltos cargos de la Junta por parte de la jueza Alaya en el caso de Magdalena Álvarez, cuya defensa presentó recurso. En esa ocasión, la sala alegó la necesidad de una mayor concreción de la imputación de la exministra y exconsejera. La revocación del auto no afectó al resto de imputados y sólo quedó revocado para Magdalena Álvarez.

 

El tiki-taca de la Justicia

JUAN MÉNDEZ, Sevilla

Se va a cumplir el próximo enero tres años de instrucción de las diligencias penales 174/2011 que persiguen la comisión de diferentes delitos por el menoscabo de fondos públicos de la Junta de Andalucía a través de las ayudas socio-laborales, otorgadas por la Consejería de Empleo, el llamado caso de los ERE. En estos tres años ha quedado claro que dichas ayudas que la Junta concedió durante más de 10 años a empresas en crisis, para intentar sostenerlas o paliar la situación de desempleo en la que quedaban sus trabajadores en caso de cierre, se emplearon fraudulentamente y de manera ilícita.

Se sabe ya quién era el principal responsable de otorgarlas, quiénes fueron los intermediarios que las tramitaron y quiénes crearon una red de empresas fantasmas para distraer el dinero. También quiénes y qué empresas cobraron indebidamente dichos fondos,  y quiénes percibieron comisiones por encima de los precios de mercado por las pólizas de seguros que cubrían las prejubilaciones. Igualmente, qué bufetes se aprovecharon del mismo modo del cobro de dinero fácil por un escaso y frágil trabajo, aunque alguno aún no haya sido llevado a la causa. Y, finalmente, se sabe que todo escapaba al control de la Administración.

Según la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, todas estas consecuencias son fruto de que el procedimiento utilizado para conceder las citadas ayudas vulneraba esencialmente tres normas: la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el Reglamento General de Subvenciones de la Junta y la Ley General de Subvenciones. Y por ello, son responsables una veintena de altos cargos de la Junta y al menos siete personas aforadas, entre ellas los dos últimos presidentes de la Junta, contra quienes la magistrada no tiene competencias jurisdiccionales para emprender un proceso penal.

Los aforados que están salpicados por esta causa llevan al menos seis meses señalados por el dedo de la instructora sin que aún hayan podido ejercer su derecho de defensa

 

Por contra, la Junta y muchos de esos altos cargos, que durante esos 10 años tuvieron la responsabilidad, en mayor o menor medida, en la elección y aplicación de dicho procedimiento, sostienen que éste era legal, y que estaba amparado por la Ley de Presupuestos, que bendijo tanto la inclusión de las partidas del famoso programa 31L, como su liquidación posterior. También algunos Interventores de la Administración han dado validez al procedimiento o, al menos, no han otorgado carácter de ilicitud tal proceder. Y por tanto, la omisión en el deber de perseguir la ilicitud también está cuestionada.

Pues bien, esa duda técnico-jurídico-administrativa, es la que falta por aclarar para que este proceso, de una vez por todas, siga su curso hacia un juicio en el que se asuman las responsabilidades penales que en su caso correspondan y para que quienes cometieron ilegalidades y se llevaron el dinero fraudulentamente paguen por ello y, sobre todo,  lo devuelvan a las maltrechas arcas públicas.

Esa duda planteada, que mantiene el caso atascado en un callejón repleto de recursos judiciales, algunos cogiendo polvo en los cajones del Juzgado de Instrucción número 6 desde el pasado verano, se ha elevado en al menos dos ocasiones a un órgano jurisdicional superior:  la Audiencia Provincial de Sevilla. Y en sendas ocasiones este órgano ha anulado los autos de imputación de la jueza Alaya contra funcionarios, altos y exaltos cargos y aforados públicos, que tuvieron que ver con el citado procedimiento.

Eso sí, ambas nulidades lo han sido por defectos procedimentales, es decir, por “falta de motivación de las imputaciones” que la jueza atribuía a dichos altos cargos, y en ninguno de los dos casos, la Justicia ha entrado en el fondo del asunto. Los dos autos de nulidad dictados por la Audiencia se han quedado en esos aspectos formales que le bastaban para corregir a la jueza instructora, pero a su vez, ante la insistencia de ésta en calificar de delictivo el procedimiento, han provocado una dilación del caso que parece injustificable.

Eso sí, la Audiencia ha llegado a insinuar expresamente que de ser cierta la teoría de la jueza Alaya se podría estar planteando “la posibilidad de un actuar ilegal por parte de poderes propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Entonces, ¿a qué tanto tiki-taca?

Es injustificable porque cuanto más se dilata el proceso, más errores se están introduciendo en la instrucción

 

Es injustificable por cuanto la ley dice que todo el mundo tiene derecho a un proceso sin dilaciones y también a un juez natural. Y los aforados que están salpicados por esta causa llevan al menos seis meses señalados por el dedo de la instructora sin que aún hayan podido ejercer su derecho de defensa. Y es injustificable porque cuanto más se dilata el proceso, más errores se están introduciendo en la instrucción. Errores que, junto a la prescripción de delitos que algunos expertos estiman ya se han producido o pueden estar a punto de concretarse, podrían llevar el caso a un derrotero nada deseable.

Si la Justicia es lenta, lo es en este caso porque la Audiencia no ha entrado en dilucidar si la jueza Alaya está en lo cierto y son presuntos autores de diversos delitos los siete altos cargos de la Administración andaluza bajo cuyo mandato se produjeron los hechos, así como si el caso debiera elevarse a un órgano judicial superior con competencias jurisdiccionales para llevarlo a buen puerto.

En un tiki-taca judicial con escasos precedentes, la jueza volvió a dejar  ayer, por tercera vez, la pelota en el tejado de la Audiencia de Sevilla y volvió a imputar a los dos expresidentes andaluces, Chaves y Griñán y a cinco de sus exconsejeros, pese a su dudosa capacidad para proceder a una imputación por mucho artículo 118. bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que invoque. Esperemos que tras los recursos que, de nuevo, se avecinan, la Audiencia de un paso al frente, aclare al menos las competencias jurisdiccionales del caso, y se trabaje decididamente en aras a condenar a los culpables y en la recuperación del dinero defraudado.

Alaya vuelve a imputar a Chaves, a Griñán y a cinco exconsejeros aforados

JUAN MÉNDEZ, Sevilla

La jueza Mercedes Alaya hizo público este jueves un auto, de fecha 18 de diciembre, por el que comunica la existencia de un procedimiento penal, “en calidad de imputados” a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Manuel Recio, a la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al exconsejero de Economía, Antonio Ávila, y al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo. Alaya reitera así su auto de 10 de septiembre en el que realizaba la misma imputación a esos siete aforados, y que fue anulado por la Audiencia de Sevilla el pasado día 10 de septiembre por falta de motivación.

A lo largo de 28 páginas y con un milimetrado equilibrio “sin efectuar el menor juicio de inferencia”, según afirma la propia Alaya en su escrito, la magistrada analiza el proceso de concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas llevado a cabo por la Junta desde el año 2000 hasta el 2010, que supusieron la aplicación de fondos públicos en una cantidad aproximada a 700 millones de euros.

Alaya indica que la actuación continuada de concesión de esas ayudas se realizó “al margen de lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, del Reglamento General de Subvenciones de la Junta y de la Ley General de Subvenciones, sin la fiscalización propia del gasto y en el pago por parte de la Intervención”.

El relato de hechos en el que Alaya basa la imputación e incriminación de los siete altos cargos de la Junta se apoya fundamentalmente en los Informes de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales, en los Informes de la Intervención General de la Junta y, especialmente, en la declaración del interventor general Manuel Gómez Martínez.

Según la Cámara de Cuentas , los presupuestos de la Junta durante el periodo analizado habrían realizado una “clasificación inadecuada” de los créditos consignando como “transferencias de financiación” lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones, que se iban a otorgar por parte de la consejería. Y, por otro lado, en la ejecución de los citados presupuestos, por tramitar como “transferencias de financiación expedientes de gasto de subvenciones excepcionales, obviando el procedimiento administrativo legalmente previsto para gastos de esta naturaleza”.

USO INADECUADO DE LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

Alaya repasa cronológicamente la utilización inadecuada de la citada figura presupuestaria (transferencias de financiación) para atribuir inicialmente la aprobación de modificaciones de crédito por importe de 93 millones de euros (años 2000 y 2001) al Consejo de Gobierno que presidía Manuel Chaves con Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda.

Posteriormente relata el auto cómo a partir de 2002 la partida 440 (Transferencias al IFA en materia de Relaciones Laborales) se incluye en los sucesivos Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía hasta 2009, y cita quiénes fueron los cargos encargados de reunirse para abordar el análisis de la citada partida presupuestaria y su inclusión en el Presupuesto: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán.

Curiosamente Alaya disculpa en cierta medida a Magdalena Álvarez, quien declaró que creía que las transferencias de financiación eran para que el IFA otorgara subvenciones, potestad que pensaba tenía dicho organismo. Sin embargo, la jueza aclara en que en 2003 ya se pone de manifiesto que no es así en virtud de un informe jurídico señalado por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en un acta del consejo rector del IFA.

El auto de Alaya se apoya igualmente en las declaraciones de Antonio Estepa, secretario general de Hacienda de 2000 a 2004, quien dijo que las subvenciones debían de darse conforme a ley, y de Antonio Lozano, director general de Presupuestos de  2002 a 2009, quien declaró a la jueza que las transferencias de financiación no podían destinarse a subvenciones a empresas.

La magistrada recorre, según sus propias palabras, “de forma absolutamente descriptiva y aséptica”, los datos que existen en la causa sobre, en su opinión, “la presunta inidoneidad del proceso seguido de concesión de subvenciones a través de transferencias de financiación. Y añade, “sin efectuar ningún juicio de valor, que ahora no corresponde”, folio 14 del auto.

El auto señala las advertencias de los distintos informes de la Intervención, que hicieron referencia a la improcedencia de usar las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y sus consecuencias legales, así como que recomendaban utilizar las subvenciones excepcionales no regladas. Asimismo, indica que estos informes, especialmente el adicional y el definitivo de Cuentas Anuales de 2003, fueron conocidos por Vallejo, Griñán, Martínez Aguayo, Antonio Fernández  y el director gerente de IDEA, Miguel Ángel Serrano, sin que se modificara el procedimiento.

LAS CONSECUENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

A partir de ahí, Alaya detalla las 13 consecuencias que ha traído el uso de ese procedimiento. En primer lugar cita la ausencia absoluta de trámites administrativos en las ayudas, ni resoluciones, ni orden procedimental de los expedientes. En segundo, la ausencia de fiscalización previa del gasto, de fiscalización de la orden de pago ni de la comprobación de la correcta aplicación de los fondos.

Como tercera consecuencia Alaya afirma que no hubo bases reguladoras de las ayudas (publicidad, criterios objetivos..) para preservar el principio de igualdad, y que las ayudas se concedieron de manera discrecional a “personas que estaban en un entorno cercano a los sindicatos o a la Junta de Andalucía”.

Como cuarta y quinta consecuencia Alaya dice que las ayudas se dieron a empresas con solvencia para atender su parte de los planes de prejubilaciones y a personas que no estaban afectadas por ERE sino simplemente desempleados, muchos “amigos, familiares o personas del entorno de ciertos cargos de la Consejería de Empleo”.

La inclusión de intrusos en los ERE, la intervención de intermediarios que traficaban influencias con Empleo, “el pago sin límite de comisiones” a las asegurados , por encima de la media del mercado, los pagos cruzados entre expedientes, conforma otras cuatro consecuencias más.

La gran cantidad de ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte, que la jueza Alaya atribuye a una decisión directa de José Antonio Viera, en virtud de los testimonios del director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y del exconsejero Antonio Fernández, se cita como la décima.

Las tres últimas consecuencias son la creación de empresas instrumentales, pantallas para distraer los fondos recibidos; las reclamaciones de bancos por los endosos de los compromisos que Guerrero contrajo y no fueron atendidos; y el incumplimiento de las normativas europeas.

Finalmente Alaya afirma que el cambio de procedimiento que la Junta realizó en 2010, ya con el caso en los tribunales , introduciendo la denominada Encomienda de Gestión, además de que no fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta pese al madanto de la LAJA, no estableció tampoco bases reguladoras para la concesión de subvenciones, por lo que, en su opinión “reproduciría el sistema anterior”.Alaya concluye cuestionando que el procedimiento fuera corregido y utiliza para ello una cita de la declaración judicial del interventor general Manuel Gómez: “Era como darle un marco a lo que se estaba haciendo”.

La Audiencia tumba la imputación de la juez Alaya a Magdalena Álvarez

La juez Mercedes Alaya instructora del caso ERE, a la salida del edificio de los juzgados de Sevilla. FOTO: GARCÍA CORDERO

La juez Mercedes Alaya instructora del caso ERE, a la salida del edificio de los juzgados de Sevilla. FOTO: GARCÍA CORDERO

La sección séptima pide a la magistrada que instruye el Caso ERE Alaya que aclare “la supuesta confabulación”

JUAN MÉNDEZ, Sevilla

La instrucción del caso de los ERE por parte de la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, parece estar llegando a su fin. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, con exquisita corrección dialéctica y jurídica, y reiterados elogios al trabajo de la magistrada a lo largo de un auto de 16 páginas, anula el auto de citación como imputada de la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, y pide insistentemente que el caso se eleve a un tribunal superior.

En sus razonamientos, la Audiencia pide a la jueza que concrete los delitos que le llevan a citar a Magdalena Álvarez en calidad de imputada, así como que clarifique la “supuesta confabulación o maquinación colectiva, que alcanzaría, incluso, a la tramitación de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria“. De ser cierta esta teoría, apuntada en sus autos por Alaya, la Audiencia señala que “poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento”.

La Audiencia estima el recurso del abogado de Magdalena Álvarez, quien alegó “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”. En sus razonamientos jurídicos, la Audiencia afirma que el auto debería contener una “descripción fáctica” de los hechos que se imputan, “acompañada de la referencia de la figura delictiva —sin perjuicio de lo que la instrucción depare— supuestamente cometida por la persona traída de esa forma al proceso, más aún en casos como el presente de especial complejidad por los múltiples hechos y sujetos investigados y la variedad de delitos”.

Y añade: “Entendemos que no ocurre así en este auto ya que, insistimos, parece aludir simultáneamente a los dos títulos de imputación posibles: la responsabilidad por omisión en los hechos cometidos por otros, o —sin decirlo explícitamente como correspondía— la ideación del sistema, incluida la reforma legal, para dar cobertura a un (plan de) desvío continuado de fondos, pareciendo convertir en delictivas, incluso, las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, donde se mantendría durante muchos años la transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L”.

Pese a corregir a la magistrada por el citado auto de 28 de junio, donde además fueron imputados hasta 20 altos cargos de la Junta de Andalucía, la Audiencia reconoce que, en otras ocasiones, la jueza “en exquisita actuación procesal” dictó autos motivados con inclusión también de valoración de los indicios apreciados.

La Audiencia afirma asimismo que no era adecuado esperar al momento de la declaración, cosa que ocurrió el pasado día 8 de octubre, para que la imputada conociera lo que se le achaca, por cuanto, dice la Sección Séptima, “no se trataría de aspectos de detalle, sino de aspectos esenciales por nucleares del supuesto hecho delictivo“.

Fuentes jurídicas consultadas entienden que tras la anulación del auto de 28 de junio la citada declaración de Magdalena Álvarez, prestada el pasado 8 de octubre, es nula, y que la jueza deberá volver a citarla razonadamente en calidad de imputada para recibirle declaración y para fijar el periodo de prescripción de los delitos que se le imputan.

AFORADOS

Pero la Audiencia da un paso más en su motivación y afirma que el auto de la jueza Alaya recurrido está basado “con todos los respetos y el reconocimiento que nos merece la esforzada labor de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción, en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no solo del gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio Parlamento andaluz, lo que refuerza —insistimos— las exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles, y, dada la excepcionalidad del caso, una mínima siquiera exposición, como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido que, en su caso, la llevarían a colegir que el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y/o mantener una actividad delictiva por la apelante”.

Dice la Audiencia que esa “construcción sugerente” plantearía “la posibilidad de un actuar ilegal por parte de los dos poderes propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, el Gobierno andaluz y el Parlamento, y entra en el tema de debate más profundo al plantear que, “aun siendo irrelevante para resolver el recurso, para lo que basta lo expuesto, destacamos a los solos efectos dialécticos por si fuera de interés: la posible participación de aforados”.

Es entonces cuando la Audiencia señala que si es correcta la tesis de la jueza de “una supuesta confabulación o maquinación colectiva, que alcanzaría incluso a la tramitación de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria”, la jueza debería clarificar los hechos, y veladamente apunta a que podría estar dándose un caso de prevaricación por no ser la jueza competente.

“Clarificar tales extremos sería de extrema utilidad, si no necesidad, habida cuenta de que podría resultar la imputación de responsables con aforamiento, con exigencia en tal caso de valorarse conjuntamente las conductas por si dada su inescindibilidad, correspondería elevar las actuaciones a un tribunal superior para su instrucción y enjuiciamiento en evitación de la ruptura de la continencia de la causa (artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)”, afirma el auto de la Sección Séptima.

“POCO MÁS QUEDA POR INSTRUIR”

Pese a no ser objeto del recurso la Audiencia también señala, con extremada prudencia eso sí, la ausencia de consejeros y cargos públicos afectados que deberían haber sido incluidos en esa teoría de la “maquinación colectiva” que sostiene la jueza, pues si bien cita en la trama a tres Consejerías del Ejecutivo autónomo, sólo cita a declarar a la titular de una de ellas, Magdalena Álvarez, curiosamente la que no es aforada en este momento.

Para concluir, el auto de la Audiencia señala que si el auto recurrido de 28 de junio supuso “un paso cualitativo” en la causa como escribió Alaya en el citado auto, entonces cabe colegir que la instrucción ha alcanzado “un grado de verosimilitud de unos hechos con relevancia penal” por lo que añade: “Cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento“. La Audiencia concluye que “parece que podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento”. Y lanza un mensaje a las acusaciones personadas y al fiscal en el sentido de que juegan “un relevante papel” en la labor de clarificación exigida a la juez, por cuanto si entienden que el juez no es competente (art 23 Ley Enjuiciamiento Criminal) deben acudir y reclamar al órgano judicial superior.

Publicado en Andalucesdiario,es

Preguntas y respuestas para no perderse en el caso de los ERE

Más de 33 meses de instrucción judicial, la utilización y manipulación política de los entresijos de la causa, la apertura de nuevas y variadas líneas de investigación y, por supuesto, la rutina periodística en la cobertura del caso, han creado en la mayoría de los ciudadanos -políticos, periodistas e implicados a parte- una imagen distorsionada si no errónea del llamado caso de los ERE. Para que no sea como un laberinto de Creta, Andalucesdiario.es ofrece a sus lectores una breve guía para el correcto seguimiento de este caso, que abarca ya más de 40.000 páginas de instrucción, 200.000 de documentos aportados, 116 personas imputadas (cuatro de ellas en prisión), 73 sin haber declarado aún y más de 136 millones de euros defraudados. Es, sin duda, la macrocausa judicial más grande por corrupción jamás instruida en nuestra democracia.

JUAN MÉNDEZ, Sevilla

 ¿Cómo se inicia el caso de los ERE?

El caso de los ERE tiene su origen en el intento de extorsión (ya juzgado) de dos empresarios sevillanos a quienes dos exdirectivos de la empresa pública Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, junto al exdelegado de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, (los tres condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa, tras sentencias de la Audiencia de Sevilla y del TSJA), pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros por la adjudicación de una Escuela de Hostelería en las instalaciones de la citada empresa Mercasevilla. Los empresarios grabaron las conversaciones del intento de extorsión y las llevaron ante la Fiscalía a comienzos de 2009. El 24 de abril, con la noticia ya en los medios de comunicación, el PP presentó una denuncia que correspondió al Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, se hizo cargo de la investigación.

La jueza Alaya investigó distintas operaciones realizadas por Mercasevilla, entre ellas la actividad de su Fundación, que presentaba un agujero financiero de más de un millón de euros y muchos gastos sin justificación de sus directivos. Además, encontró una donación de la constructora Sando de 240.000 euros. Alaya comprobó que Sando había ganado un concurso público para la adquisición de terrenos pese a ofrecer menos dinero (106 millones) que otras empresas (Noga 158 millones). Por este caso, Alaya mantiene imputados a 10 personas. Además, hay otra pieza judicial separada por irregularidades en la Fundación y en Mercasevilla.

En medio de esta investigación, surge un conflicto sindical por los pagos que Mercasevilla y la Junta habían acordado hacer para sufragar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), acometido en 2007, en la citada empresa pública. Los sindicatos denunciaron que había una persona ajena a Mercasevilla que se había beneficiado de una prejubilación sin haber trabajado nunca en el mercado central de abastos de Sevilla. Surge entonces, enero de 2011, una nueva pieza de investigación de la jueza Alaya que destapa el caso ERE, o lo que es lo mismo una red de manejo fraudulento de fondos públicos destinados a sufragar ERE y ayudas sociolaborales a empresas en crisis, que desviaba esos fondos a intrusos, comisionistas, despachos de abogados, sindicalistas, consultores y cargos públicos de la administración de la Junta de Andalucía.

¿Cuántas piezas instruye la jueza Mercedes Alaya por este asunto?

Actualmente la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla instruye cinco macrocausas y está apartada del reparto de casos que llegan a los juzgados sevillanos. Las cinco causas son el caso ERE, las dos ramas citadas del caso Mercasevilla, la gestión del Real Betis Balompié durante el mandato de Manuel Ruiz de Lopera, y los supuestos sobornos de una constructora a un exalto cargo socialista del Ayuntamiento de Sevilla.

¿Cuánto dinero se ha defraudado a las arcas públicas en el caso de los ERE?

Hasta ahora, por la información recogida por la jueza de las declaraciones de testigos e imputados, así como por la aportada por las investigaciones de la Guardia Civil y por la propia Junta de Andalucía, son 136,1 millones de euros los que la trama del caso desvió del total de 721 millones de euros de fondos públicos con que contaba la partida 31-L entre 2001 y 2010 para ayudas sociolaborales a empresas en crisis. En ningún caso son 1.000 millones de euros los defraudados, como insisten machaconamente en sus declaraciones los distintos portavoces del Partido Popular.

De esos 136,1 millones de euros, la investigación ha señalado que 50 millones fueron a parar a sobrecomisiones (se pagó hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas), otros 73,8 millones de euros se desviaron como ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones fueron entregados a 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas) incluidos en un total de 37 ERE.

¿Qué es un ERE?

Un ERE o Expediente de Regulación de Empleo es un procedimiento contemplado en la actual legislación española mediante el cual una empresa, supuestamente en una mala situación económica, busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores. Puede ser temporal o definitivo. Antes de la última Reforma Laboral del Gobierno de Rajoy era necesario para acometer un ERE la autorización de la Autoridad Laboral, ahora no. Ahora basta argumentar pérdida de ingresos durante un periodo para poder despedir con indemnizaciones de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. También se pueden llegar a acuerdos para despedir a trabajadores mediante prejubilaciones, que consiste en que un trabajador abandona su actividad laboral antes de la edad legal de jubilación, mediante un acuerdo con su empresa, recibiendo una retribución por esta causa desde la fecha de la prejubilación hasta la fecha en que su jubilación oficial.

¿Cuántos intrusos cobraron prejubilaciones fraudulentas en los ERE afectados por el caso?

Hasta ahora se ha detectado que el fraude benefició a 126 intrusos de un total de 6.096 prejubilados con cargo a esos fondos públicos. Estas personas fueron incluidas en Expedientes de Regulación de Empleo de empresas a las que no pertenecían y que recibieron 12,3 millones de euros para capitalizar sus nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social hasta acceder a la jubilación legal. La Junta ha cifrado en 37 los ERE en los que se incluyeron intrusos.

¿Cómo funcionaba la trama de corrupción?

La crisis de los 90 provocó en Andalucía una especial situación de conflictividad laboral, especialmente en la industria, provocada por el cierre y deslocalización de empresas, muchas de ellas multinacionales. Para hacer frente a esos conflictos que dejaban en la calle a miles de trabajadores, la Junta crea un fondo de ayudas a empresas en crisis para intentar mantener la actividad, ayudar a realizar expedientes de regulación de empleo, fundamentalmente mediante el pago de prejubilaciones, y salvar el mayor número de empleos. Se crea la partida 31-L en los presupuestos anuales de la Junta, que contó desde 2001 a 2010 con 721 millones de euros.

Para agilizar el proceso administrativo de dichas ayudas, sin los trámites de verificación que llevan aparejadas las subvenciones públicas y sin la fiscalización de la Intervención General de la Junta, la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego pasó a llamarse IDEA (Agencia de Innovación de Andalucia) firmaron en 2001 un convenio (Antonio Fernández por el IFA y José Antonio Viera por Empleo) para que, mediante transferencias de financiación de Empleo al IFA, fuera el instituto el que abonase las ayudas sin tramitar los expedientes que quedaban bajo el control de Empleo.

Esta fórmula permitió, según consta en la causa que instruye Mercedes Alaya, que el entonces director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, principal artífice del fraude junto con el ex sindicalista Juan Lanzas y los directivos de la consultora Vitalia, adjudicase a su antojo, sin control, y sin verificación del cumplimiento de los requisitos, ni de la aplicación del dinero público, ayudas directas a empresas en crisis, así como que financiase Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con la intermediación de bufetes de abogados, intermediarios, aseguradoras y consultores que también se embolsaban jugosas comisiones por encima de lo que regía en el mercado. Para colmo, en esos ERE incluían a personas que no pertenecían a las empresas reguladas, a quienes beneficiaban con prejubilaciones ilegales.

Muchos de los expediente que tramitó Guerrero durante esos 10 años apenas contaba con un par de folios, algunos incluso carecía de la pertinente solicitud del empresario de turno. No existía criterio alguno para destinar esas ayudas. Era un cajón de sastre en el que metía la mano Guerrero y sus compinches en la trama para beneficiar a quienes ellos consideraban oportuno. Por su parte, IDEA recibía los fondos mediante transferencias de financiación y órdenes de Empleo para pagar a abogados, aseguradoras, consultores, empresas, etc, sin acceso a los expedientes.

¿Cómo se realizaban los expedientes y se pagaban las prejubilaciones?

Según las diligencias judiciales, las empresas Vitalia Vida o Uniter, las dos asesorías o consultoras que, casi en exclusividad, se han repartido el negocio del fraude de los ERE en Andalucía, calculaban qué cantidad había que pagar a cada trabajador que se quería prejubilar por parte de una empresa en función de su antigüedad en la empresa, su salario y sus circunstancias personales. Una vez determinado el coste, se contrataba la aseguradora con la que se contratarían las pólizas. Cuando los trabajadores se adherían al ERE y ejercían su derecho a prejubilarse, la aseguradora que capitalizaba el coste total de la operación, y pagaba el coste de la Seguridad Social durante todo el periodo hasta la jubilación, les ingresaba mensualmente las cantidades pactadas en una cuenta corriente hasta cumplir 65 años, fecha a partir de la cual el trabajador pasaba a ser un jubilado más a cuenta del Estado.

Además de Vitalia Vida o Uniter, otros despachos de abogados y consultoras han participado en la tramitación de ERE que a la postre se han determinado irregulares. Es el caso de J&A Garrigues S.L. y Deloitte. La jueza aún no ha tomado decisión sobre la actuación de estos despachos.

¿Por qué la Junta ni nadie se dio cuenta o alertó de que se estaba estafando a las arcas públicas?

El convenio firmado entre Empleo y el IFA/IDEA en 2001 otorgaba a este procedimiento de reparto de ayudas de una opacidad total ante los mecanismos de control de la Junta. No obstante, la Intervención General de la Junta de Andalucía, dirigida por Manuel Gómez Martínez, emitió hasta 15 informes desde 2003 hasta 2009, que destacaban la opacidad del mecanismo utilizado para pagar los ERE. Los informes subrayaron el uso inadecuado de las transferencias de financiación, en vez de las subvenciones excepcionales (con un control más estricto), pero nunca advirtieron de que se estuvieran menoscabando los fondos empleados o que hubiera un fraude manifiesto. Pero nadie cambió el procedimiento, pese a que esos informes llegaron a las Consejerías de Empleo y de Hacienda. El diseño del fondo hizo que se fiscalizara la agencia pública IDEA (pagadora del fondo), mientras que los expedientes permanecían en la Consejería de Empleo, fuera del alcance del interventor.

¿Se va a recuperar el dinero defraudado?

No en su totalidad. La Junta ha iniciado expedientes administrativos para reclamar la devolución de las ayudas a las 121 empresas que las recibieron de forma irregular, así como las pólizas abonadas a los 126 intrusos detectados. Todas estas reclamaciones se han realizado mediante expedientes administrativos que, finalmente, acabarán en los juzgados de lo contencioso-administrativo. Los jueces determinarán si procede la devolución del dinero en una batalla legal que se antoja muy larga.

Además, el Consejo Consultivo de Andalucía ha devuelto algunos de los 189 expedientes de revisión de oficio que ha abierto la Junta para declarar nulas las ayudas que la Consejería de Empleo. En concreto, tres resoluciones del Consejo Consultivo han dictaminado que la facturación realizada por los bufetes J&A Garrigues S.L. y Deloitte, por casi un millón de euros (974.000) por su asesoramiento en los ERE de Hitasal, y Delta Cuerotex Pilas SA, no puede recuperarse por parte de la Junta pese a ser claramente “irregulares” y “exigible su reembolso”.

¿Tiene la juez Alaya competencias para instruir esta causa?

Hasta el momento la jueza Alaya mantiene la instrucción de la causa en un débil y complicado equilibrio jurídico, que podría tener consecuencias nefastas para que el caso llegara a buen puerto. En varios documentos aportados en la instrucción, incluidos informes de la Guardia Civil, se atribuye responsabilidad o implicación en el manejo del citado fondo de ayudas públicas a personas que hoy están aforadas ante tribunales superiores, fuera del alcance de un juzgado de Instrucción ordinario. Estas personas son en primer lugar José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y actual diputado a Cortes y, por tanto, aforado ante el Tribunal Supremo. Documentos aportados en la causa le sitúan como el creador del sistema opaco de entrega de ayudas, es decir, él y el exconsejero Antonio Fernández, firmaron el convenio por el que el IFA/IDEA pagaba directamente las ayudas, tras recibir transferencias de financiación desde la Consejería, evitando así las tramitaciones y fiscalizaciones por parte de la Intervención.

Por otro lado, la jueza Alaya ha citado a declarar como imputada a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, durante los años en los que se mantuvo este sistema de ayudas. Ayer pedía la imputación de sus predecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, que desarrollaron la misma función y mantuvieron el sistema de ayudas. Ambos están aforados.

De igual forma, al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, hoy diputado a Cortes, se le atribuyen en las diligencias intervenciones para lograr ayudas a determinadas empresas, incluida una reunión con la familia Ruiz Mateos en la sede de su departamento. Dos los hijos del empresario jerezano, Javier y Pablo, han sido de los últimos imputados por la jueza Alaya por recibir ayudas para ERE en empresas del Grupo Nueva Rumasa. Tampoco Zarrías puede ser citado por Alaya por su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Es por todo ello, por lo que el PSOE ha reclamado que la jueza pida el suplicatorio al Tribunal Supremo, se inhiba de la causa, y eleve todo lo actuado al tribunal superior para que sea este órgano el que instruya y juzgue la causa.

Publicado en Andalucesdiario,es

El diccionario de los ERE

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los Ere. /FOTO GARCÍA CORDERO

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los Ere. /FOTO GARCÍA CORDERO

Más de 33 meses de investigación judicial, 40.000 folios de instrucción, 116 imputados… Andalucesdiario.es define, de la A a la Z, términos, nombres y conceptos claves en el caso de los ERE para comprender la que es ya la macrocausa por corrupción más grande en España.

JUAN MENDEZ, Sevilla

A

Aforado. Persona que por razón del cargo goza del derecho a ser juzgado por un tribunal diferente (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al que correspondería a todo ciudadano de a pie. A este derecho a ser juzgado por tribunal distinto a los ordinarios se le conoce como fuero o privilegio en materia de jurisdicción y se extiende a cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo.

Aguado Hinojal, Javier. Secretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Aguilera, Buenaventura. Exdirector general de Presupuestos, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Alaya Rodríguez, Mercedes. Magistrada jueza de Instrucción numero 6 de Sevilla. Nació en Écija (1963). Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla ha sido jueza en Carmona, Fuengirola y Sevilla. Comenzó en 2009 la instrucción del caso Mercasevilla que desembocó en el de los ERE. Estuvo de baja desde septiembre de 2012 hasta el pasado marzo de 2013.

Albarracín, Antonio. Exdirectivo de Vitalia. Uno de los principales elementos de la trama junto con el exsindicalista Juan Lanzas y el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero. Albarracín negociaba los porcentajes para la intermediaria catalana, para Lanzas, y para él mismo. Su tajada se canalizó a través de Permar 21, firma creada para facturar cobros ficticios por 3,1 millones a Vitalia.

Algarín Lamela, Juan Francisco. Supuesto testaferro imputado en el caso de los ERE, estuvo cuatro años llevando sobres, supuestamente con dinero y con facturas falsas, casi siempre a Juan Lanzas, el intermediario entre las empresas, las consultoras, los sindicatos y la Junta en la negociación de los expedientes de regulación de empleo subvencionados con dinero público. Imputado por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales, Algarín Lamela estuvo tres meses en prisión, entre enero y marzo, y se le considera testaferro en las “empresas pantalla” empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.

Álvarez, Magdalena. Exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, incluida en el auto de 28 de junio en el que la juez Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Apra Leven. Otra de las aseguradoras que participaron en los ERE. La jueza no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.

Atlantis Asesores y Temiqui. Agencias de corretaje de seguros de la que son accionistas los sindicatos UGT y CCOO y que según la jueza Alaya cobraron comisiones por la tramitación de los ERE. La jueza cifra las sobrecomisiones en 4,2 millones de euros.

Ávila, Antonio. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia en el anterior Gobierno de José Antonio Griñán. Es diputado en el Parlamento de Andalucía y, por tanto, aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior, como ha sugerido la jueza en el auto de 10 de septiembre de 2013, en el que lo acusa de  prevaricar y malversar.

Ávila Mayo, Rafael. Empresario al que la Junta vincula con el clan Rosendo-Sayago y la red de empresas de la Sierra Norte de Sevilla receptora de ayudas sin procedimiento. La Junta solicitó a la juez su imputación en la causa.

B

Báñez, Eduardo y Nicolás. Hermanos de la ministra Fátima Báñez, y responsables de la constructora Juan de Robles. Ambos han sido imputados por la jueza Alaya en el caso de Mercasevilla.

Barberá, Agustín. Exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010. Imputado por malversación, prevaricación, falsedad, y omisión del deber de denunciar delitos.

Bordallo, Jesús. Responsable de Vitalia en Andalucía al que la juez mantiene imputado y le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 15,2 millones de euros.

C

Cámara de Cuentas de Andalucía. Se crea por Ley 1/1988 de 17 de marzo, como el órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma.

Chaves, Manuel. Presidente de la Junta de Andalucía cuando se arbitró por primera vez la partida 31-L de los presupuestos generales de la Junta para dotar de ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Actualmente es diputado a Cortes, y por ende aforado ante el Tribunal Supremo. La jueza lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013, en el que asegura tener “ahora unos elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo”, en relación a “la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido”. De ello se derivaría para el expresidente “cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”. Aunque Alaya alude a Chaves como imputado en ese auto, también admite en el mismo su condición de aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior.

Cañete, Jacinto. Exdirector de IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Castillo, Manuela. Testaferro de Juan Lanzas que trabajaba como limpiadora de la empresa de éste.

Cenforpe. Empresa de formación que aparece relacionada con un pago al exfutbolista Pizo Gómez, por unos cursos que al parecer no se produjeron.

Cespa. Empresa que aparece como receptora de fondos para un ERE irregular.

Convenio Marco 2001. Firmado por la Consejería de Empleo y el IFA el 17 de julio para materializar las ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social. Mediante este convenio la Dirección General de Empleo encargaba directamente al IFA/IDEA el pago de ayudas a terceros con cargo a transferencias de financiación de la partida presupuestaria 31-L, soslayando el procedimiento administrativo y legal que tienen que pasar todas las subvenciones excepcionales.

D

Díaz Alcaraz, Ramón. Exdiputado autonómico del PSOE y ex asesor de la Consejería de Empleo. Imputado por haber incluido intrusos en los ERE de Calderinox, Saldauto, A Novo Comlink, y la concesión de ayudas irregulares a la empresa SAT Virgen del Camino.

Dhul. Fábrica de postres propiedad de Nueva Rumasa, a la que Juan Lanzas consiguió subvenciones para financiar un ERE.

E

El Pedroso. Municipio de la Sierra Norte de Sevilla hasta donde fueron desviados fondos públicos millonarios para el impulso o reflotamiento de distintas empresas.

ERE. Expediente de Regulación de Empleo. Se trata de un procedimiento administrativo que culmina con un despido colectivo o con la suspensión temporal de contratos laborales dentro de una empresa.

Estepa Giménez, Antonio. Secretario general de Hacienda, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Estudios Jurídicos Villasís. Bufete de abogados sevillano. Participó en la tramitación de algunas pólizas irregulares  y se le considera pieza clave en la trama de los ERE. Sus titulares Carlos Leal Bonmati y Daniel Gutiérrez M. están imputados en la causa. Según la jueza, además de servir de “vía de distribución” de las sobrecomisiones que aplicaban las mediadoras a las pólizas de prejubilaciones, se convirtió en un “centro de blanqueo” de las ganancias que logró por su trabajo de conseguidor Juan Lanzas, que estuvo en nómina del bufete desde 2002 a 2011.

F

Fernández, Antonio. Exconsejero de Empleo y exdirector del IFA/IDEA. Imputado en la causa, pasó varios meses en prisión provisional. Actualmente está en libertad bajo fianza. Firmó en 2001, junto al hoy diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera el convenio entre el IFA y la Consejería para establecer un procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis que fuera más ágil pero con escaso control. Entre 1971 y 1983 fue trabajador en las bodegas González Byass, firma que recibió 17 millones de la Junta para un ERE en el que estaba incluido el propio Fernández, si bien este declinó cobrar su póliza de casi 400.000 euros dado que esos fondos provenían de la Consejería de la que era titular.

Fiscalización previa. La normativa presupuestaria de la Administración estatal, autonómica y local faculta a un Interventor para recabar la fiscalización previa, llevada a cabo antes de que se dicte o perfeccione el acto administrativo y exigiendo el examen de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, caso de las subvenciones.

Fortia. Otra de las aseguradoras que participaron en los ERE. La jueza no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.

G

Garvey. Bodega jerezana del Grupo Nueva Rumasa que recibió ayudas del fondo sociolaboral para un ERE, tras el presunto pago de comisiones  a Juan Lanzas.

Generali. Aseguradoras que participaron en los ERE. La juez no ha tomado ninguna decisión sobre esta empresa.

Gómez Martínez, Manuel. Interventor general de la Junta desde 2000 a 2010. Fue director general de Patrimonio entre 1994 y 2000. Ha sido la persona más crítica con Griñán y los responsables políticos de la Junta, a los que responsabiliza de haber permitido el caso de los ERE. Sus informes advirtieron de que el procedimiento empleado no permitía la fiscalización de los fondos, pero nunca dijo que se estaban saqueando las arcas públicas o que había menoscabo de esos fondos. Tras la comisión de investigación parlamentaria remitió una carta al presidente del Parlamento muy dura contra los grupos en el Gobierno PSOE e IU. Incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Gonzalez Mata, José. Propietario de Uniter, una de las consultoras y aseguradoras de la trama, a la que se le atribuye el cobro de importantes sobrecomisiones junto a Vitalia. Enviado a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros el pasado mes de junio, la jueza Alaya le mantiene embargadas al menos 68 cuentas bancarias y más de 17 propiedades entre fincas, pisos, garajes y locales, repartidas entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Málaga.

Guerrero, Francisco Javier. Exdirector general de Empleo y alma mater de la trama de corrupción con las ayudas sociolaborales. Por su despacho pasaron todas las ayudas concedidas de manera irregular. La juez le envió por segunda vez a prisión en marzo de 2013 por riesgo de fuga, si bien quedó en libertad en junio al levantarse el secreto del sumario, pero había entrado por primera vez en ella en marzo de 2012, aunque quedó en libertad en octubre  tras pagar una fianza de 50.000 euros; en un principio la jueza la había fijado en 250.000. Está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública. La jueza cree que oculta grandes cantidades de dinero obtenido ilícitamente.

Griñán, José Antonio. Presidente de la Junta de Andalucía hasta el pasado agosto. Su participación en el caso se refiere a su etapa como consejero de Economía y Hacienda tras relevar a Magdalena Álvarez, imputada en la causa, así como en su siguiente etapa como presidente de la Junta. En ambos casos se le atribuye, por la acusación del PP, haber hecho caso omiso de los informes de la Intervención General que alertaban del caso, así como de mantener e incrementar el procedimiento y la cuantía de las ayudas. La jueza lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013. Es aforado.

H

Hotel Cervantes. Hotel en Torremolinos perteneciente a la familia Ruiz Mateos, a través de Europa Center, empresa del grupo Nueva Rumasa, que recibió subvenciones para realizar un ERE a cambio de presuntas comisiones recibidas por Juan Lanzas, quien dispuso de alojamiento de vacaciones en varias ocasiones en el citado hotel.

Hermes Consulting. Una de las empresas relacionadas con el blanqueo de dinero, procedente de las sobrecomisiones de los ERE que manejaban Juan Lanzas y su cuñado. Las diligencias sitúan esta firma en el entramado de empresas pantallas establecidas por Juan Lanzas para lavar el dinero procedente de los ERE, entre ellas Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Estudios Agenciales, Maginae Solutions, Consulting Social Siemur o Al Andaluz Masss Media Channel

I

Informe de actuación. Es un informe escrito encomendado a la Intervención General de la Junta que evalúa la gestión económico-financiera de las empresas públicas de la Junta al objeto de controlarlas financieramente. Se emite informe de actuación en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos. El informe de actuación se remite al titular de la Consejería de que dependa la respectiva empresa y al de la Consejería de Economía y Hacienda, para que, en el plazo de quince días, manifieste su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. En caso de conformidad, los responsables de la gestión de las respectivas empresas dan cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación. Si, por el contrario, existiera disconformidad, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, somete las actuaciones, en su caso, a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva lo procedente. El presidente Griñán siempre ha sostenido que no actuó porque el Interventor no emitió un informe de actuación.

Intrusos. Personas incorporadas a Expedientes de Regulación de Empleo a las que no pertenecían. Entre los 126 intrusos detectados en el caso hay sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras, familiares, políticos como el exdelegado del Gobierno en Burgos y Cádiz, y el exdirector de Cárnicas Molina, César Braña. También el exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1996 y 2000, Juan Rodríguez Cordobés; y el del exalcalde del municipio sevillano de El Pedroso entre 1995 y 1999, Rafael Rosendo.

IFA. Instituto de Fomento de Andalucía, organismo público de la Junta de Andalucía. A través de este organismo se pagaban las ayudas a empresas en crisis y los ERE, después de recibir los fondos de la partida 31 L, mediante transferencias de financiación.

IDEA. Agencia de Innovación de Andalucía, organismo público dependiente de la Junta de Andalucía, que reemplazó en sus funciones al IFA. A través de este organismo se pagaban las ayudas a empresas en crisis y los ERE, después de recibir los fondos de la partida 31 L, mediante transferencias de financiación.

Intesur. Empresa de confecciones radicada en Morón de la Frontera, que aparece relacionada en la trama con intrusos en un Expediente de Regulación de Empleo.

Imputado. Es, en Derecho Penal, aquella persona a la que indiciariamente se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal. En su calidad de sujeto procesal, le amparan ciertas facultades, elevadas a la categoría de garantías procesales, como las de defensa en juicio, presunción de inocencia y otras.

L

Lara Revilla, Antonio. Director general del IFA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Lanzas, Juan. Conocido como el conseguidor en su pueblo jiennense de Albanchez de Mágina, y uno de los personajes clave de la trama de los ERE. A  mediados de los años 80 comenzó a escalar posiciones dentro de la Federación de Agroalimentación de UGT y, desde entonces y hasta su detención en marzo de 2013, ha participado en numerosas negociaciones laborales de empresas en crisis y en la elaboración de expedientes de regulación de empleo. Sus inicios se remontan al ERE de Coosur, donde conoció a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE, intruso en el ERE de Mercasevilla de 2007. El matrimonio Lanzas, Juan y Patrocinio Sierra, aparece entre los beneficiarios con 360.000 euros en el ERE de la firma malagueña Hitemasa -antigua Intelhorce-, a pesar de que nunca han trabajado en esta empresa. La jueza Alaya lo envió a prisión donde permanece acusado de los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Se le atribuye en el sumario un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros, gracias, principalmente, a las sobrecomisiones por los ERE. La jueza le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros.

Leal del Real, Eduardo. Testaferro de Juan Lanzas, encarcelado desde el pasado mes de marzo hasta el 30 de julio como presunto testaferro de las “empresas pantalla” empleadas, supuestamente, para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones, vinculadas con expedientes de regulación de empleo (ERE), financiados por la Junta. Su fianza fue rebajada de 50.000 a 6.000 euros y finalmente la jueza lo dejó en libertad sin fianza.

Leal Bonmati, Carlos. Abogado titular del Bufete Estudios Jurídicos Villasís, implicado en la trama de los ERE por la tramitación de expedientes fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones. Está en libertad bajo fianza de 150.000 euros y se le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 34,5 millones. Se le imputan ocho delitos: malversación impropia, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil y un delito contra la hacienda pública.

Lora Ruiz, Eduardo. Empresario al que la Junta vincula con el clan Rosendo-Sayago y la red de empresas de la Sierra Norte de Sevilla receptora de ayudas sin procedimiento. La Junta solicitó a la jueza su imputación en la causa. Exsocio del exedil socialista de El Pedroso (Sevilla), José Enrique Rosendo.

Lozano, Antonio. Viceconsejero de Presidencia, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Luque, Juan Antonio. Interventor delegado de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

M

Madrid Pisabarro, Victorina. Suegra de Francisco Javier Guerrero, cobró una póliza individual de 74.176 euros y otros 155.900 euros por su inclusión en el ERE de SOS Cuétara, empresa para la que nunca trabajó.

Mañas Alcón, Justo. Viceconsejero de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Matadero de Fuente Obejuna. En el sumario aparece cómo Juan Lanzas consigue que el centenar de trabajadores  de este matadero fueran en autobús a otra empresa para formalizar documentos y lograr un ERE en el que fueron incluidos cinco intrusos.

Maginae Solutions. Una de las empresas relacionadas con el blanqueo de dinero procedente de las sobrecomisiones de los ERE que manejaban Juan Lanzas y su cuñado.

Martínez Aguayo, Carmen. Exconsejera de Hacienda y Administración Pública -ha quedado fuera del nuevo Gobierno de Susana Díaz-, ha sido también consejera de Economía y Hacienda (2009-2010) y viceconsejera de este departamento (2004-2009). Durante este último periodo la jueza Alaya y el Interventor Manuel Gómez le atribuyen haber recibido informes de la Intervención General de la Junta en los que se cuestionaba el procedimiento de adjudicación de ayudas sociolaborales (uso irregular de la transferencia de financiación y falta de procedimiento) sin que elevara el asunto al consejero, por entonces José Antonio Griñán. Está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La jueza la acusa de prevaricar y malversar y la ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.

Márquez, Juan. Exdirector general de Empleo con Antonio Fernández entre 2008 y 2010, imputado por la jueza por presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad.

Medina Varo, Lourdes. Secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, incluida en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Mencia Morales, Francisco. Director general del IFA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Millán Márquez, Pablo. Director general de Finanzas, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

N

Núñez, Beatriz. Imputada en la causa como testaferro de las empresas de Juan Lanzas.

O

Operación Heracles. Nombre de la operación policial desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el pasado mes de marzo, por orden de la jueza Mercedes Alaya. Fueron detenidas 22 personas dentro de la operación, que se desarrolló de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación. Se practicaron 13 entradas y registros a domicilios. Según el informe de la UCO, la operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres en casa de Juan Lanzas.

P

Pascual, Eduardo. Exdirectivo y propietario de Vitalia. Acusada de apropiarse de 50 millones de euros en sobrecomisiones por las pólizas para las prejubilaciones contraídas con Vitalia. En prisión desde marzo pasado hasta el 8 de julio, fecha en que  pagó una fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó su recurso frente al auto de prisión impuesto por Alaya. Está también imputado por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional.

Pizo Gómez. Exfutbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. La jueza Alaya sospecha que percibió una póliza del fondo de ayudas sociolaborales de 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales que en realidad no se habrían realizado por parte de la empresa Cenforpre en la que trabajaba.

R

Recio, Manuel. Exconsejero de Empleo entre 2010 y 2012. Actualmente es diputado en el Parlamento de Andalucía, por lo que es aforado. Un hecho que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior. La jueza lo acusa de prevaricar y malversar y lo hainvitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.

Rivas, Antonio. Exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla. Condenado por el caso Mercasevilla que dio origen al caso de los ERE. Incluyó como intruso en un ERE a un cuñado suyo. Está imputado desde hace más de dos años y medio pero no ha sido aún llamado a declarar.

Rivera, Daniel. Fue sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, es decir, ya durante la época en la que José Antonio Griñán era presidente. Según la imputación realizada por la jueza, Rivera mantuvo las prácticas “irregulares” que se detectaron durante la etapa de Guerrero por lo que estima que “existen indicios suficientes para detectar la posible comisión de hechos delictivos” como prevaricación y malversación.

Rosendo, José Enrique. Hijo del ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, ha sido periodista, concejal del PSOE en su pueblo, donde dirigió una empresa pública de promoción económica y empresarial. Recibió cerca de 12 millones de euros del fondo de ayudas públicas concedidos por Guerrero a su empresa (Matadero de Sierra Morena).

Rosendo, Rafael. Exalcalde del municipio sevillano de El Pedroso entre 1995 y 1999, recibió una póliza de 112.000 euros y fue incluido ilegalmente en el ERE de Cydeplast.

Rodríguez de la Borbolla, Ángel. Exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla. Está imputado por la jueza Alaya por haber creado presuntamente un entramado de empresas para recibir más de 9 millones de euros de ayudas directas con ausencia de procedimiento. La Junta le atribuye relación con 18 empresas que habrían obtenido más de 20 millones de euros en ayudas.

Rodríguez Cordobés, Juan. Exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta entre  1999 y 2000. Imputado por malversación, prevaricación, obtención fraudulenta de ayudas. Fue incluido como intruso en el ERE de Calderinox.

Rodríguez Román, Jesús María. Viceconsejero de Innovación, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Ruiz Mateos, Javier y Pablo. Hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, creador de Rumasa y de Nueva Rumasa. La jueza ha imputado a estos dos empresarios por haber pagado presuntamente comisiones a Juan Lanzas para que este les consiguiera ayudas públicas para la realización de hasta cinco ERE en sus empresas Dhul, Hotel Cervantes, y las bodegas Garvey y Zoilo Ruiz Mateos.

S

Saldauto. Empresa en la que fueron incluidos intrusos en un ERE.

Salgueiro Carmona, José. Viceconsejero de Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Sánchez García, Juan F. Secretario general técnico de la Consejería de Empleo, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Sayago Lozano, José María. Exconcejal del PSOE en el Pedroso, empresario de la Sierra Norte. Se le vincula a José Enrique Rosendo y a Ángel Rodríguez de la Borbolla. La Junta pidió a la jueza su imputación en la causa. Junto a Rosendo, crearon numerosas empresas de comunicación como el diario gratuito Negocio & Estilo de Vida en 2006, Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI, Tierra Virgen de Alimentación e Ibérica de Exportaciones, propiedad de la pareja empresarial, como principales socios y accionistas. Se cree que el grupo empresarial captó más de 13,5 millones de euros en ayudas entre 2000 y 2010.

Serrano Aguilar, Miguel A. Director general IFA/IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Sierra Norte. Comarca de la provincia de Sevilla integrada por 10 municipios y que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, zona de media montaña reserva de la biosfera. La comarca recibió 30 de los 60 millones de ayudas sociolaborales directas que se repartieron en toda Andalucía, principalmente en los municipios de El Pedroso y Cazalla.

Sierra, Patrocinio. Esposa de Juan Lanzas. Recogía sobres de dinero mensualmente procedente de fondos públicos desviados ilegalmente. Beneficiaria ilegal del ERE de Hitemasa. Tiene interpuesta una fianza civil de 14,7 millones de euros por su imputación en la causa.

Sierra García, Ismael. Hermano de Patrocinio y socio de su cuñado Juan Lanzas. Director de la empresa Maginae Solutions, una de las empresas pantalla de la trama de los ERE, y vinculado a otras empresas pantalla de la red. Imputado por la jueza, que le impuso una fianza de responsabilidad civil de 1,9 millones de euros. Fue enviado a prisión y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros. Sindicalista de la UGT como su cuñado, está imputado de malversación, asociación ilícita, falsedad documental, y contra la Hacienda Pública.

SOS Cuétara. Empresa en cuyo expediente de regulación de empleo se encontraron intrusos.

Suárez Martín, Gonzalo. Viceconsejero de Innovación, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Subvención excepcional. Son aquellas que se otorgan de manera especial sin que exista un procedimiento reglado de publicidad y concurrencia para que terceros puedan optar también a la ayuda.

Transferencia de financiación. Se consideran transferencias de financiación aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos, así como las que se realicen entre los distintos agentes de la Administración de la Junta de Andalucía cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que, en todos los casos, se destinen a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste y no resulten de una convocatoria pública. No están sometidas al régimen de autorización de expedientes por el Consejo de Gobierno. Mediante este procedimiento la Consejería de Empleo transfería los fondos al IFA/IDEA para que se pagaran las ayudas sociolaborales directas a empresas en crisis.

Trujillo, Juan Francisco. Exchófer durante nueve años de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo. Imputado en la trama como testaferro y encubridor del manejo ilegal de fondos públicos. En libertad, tras haber pasado varios meses en prisión por esta causa. La jueza le ha imputado 22 delitos. Fue receptor de dos ayudas de 900.000 euros. Ante la policía declaró que el dinero se lo gastaba con su jefe en cocaína, fiestas y copas, y que gastaban 25.000 euros al mes en droga.

U

Uniter. Consultora, correduría y aseguradora que participó activamente en la elaboración de ERE con inclusión de intrusos y facturando importantes comisiones por encima de mercado. La investigación atribuye a Uniter junto a Vitalia el cobro de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones.

V

Vallejo, Francisco. Ha sido consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa y anteriormente de Obras Públicas y Salud. Senador (2009-2012), como consejero de Innovación asumió las competencias de la Agencia IDEA y de Empleo. Actualmente está aforado ante el TSJA como diputado autonómico.  Aunque ha defendido el procedimiento de las ayudas sociolaborales, dijo: “El problema es que no se han hecho las cosas como se debía: con transparencia y concurrencia pública”, en su intervención ante la comisión parlamentaria que investigó los ERE. La jueza Alaya pidió al Parlamento andaluz un informe sobre su aforamiento. En el auto de 10 de septiembre de 2013, lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.

Valverde Ramos, Antonio. Director de IDEA, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Vaqué, María. Exdirectiva y propietaria de Vitalia. La investigación atribuye a Vitalia la apropiación de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones junto con Uniter. Permanece en prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros. Vaqué está también imputada por el caso Eurobank, que investiga la Audiencia Nacional.

Viera, José Antonio. Es diputado en el Congreso.  Exconsejero de Empleo, entre 2000 y 2004. Durante su mandato, el director general de Trabajo de la Junta fue Francisco Javier Guerrero, alma mater de la trama de corrupción con las ayudas sociolaborales. Tiene una casa y está vinculado a la localidad de El Pedroso, epicentro de millonarias ayudas a empresas. Aunque Alaya alude a Viera como imputado en ese auto, tiene condición de aforado, lo que impide a la jueza decidir sobre dicha imputación, que sería competencia de un tribunal superior. En el auto de 10 de septiembre de 2013, lo acusa de prevaricar y malversar y lo ha invitado a declarar en el auto de 10 de septiembre de 2013.

Vitalia Vida. Consultora y aseguradora que participó activamente en la elaboración de ERE con inclusión de intrusos y facturando importantes comisiones por encima de mercado. La investigación atribuye a Vitalia junto a Uniter el cobro de hasta 50 millones de euros en sobrecomisiones.

Vela Quiroga, Juan. Director general de Finanzas, incluido en el auto de 28 de junio en el que la jueza Alaya imputa a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Z

Zarrías, Gaspar. Secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y diputado en el Congreso de los Diputados. Ha sido consejero de Industria y de Presidencia en diferentes etapas desde 1988, la última entre 1996 y 2009, así como vicepresidente de la Junta de Andalucía. La jueza Alaya le ha investigado pese a estar aforado por sus relaciones con Juan Lanzas, principal encausado junto a Guerrero en este caso. Se reunió con los hijos de Ruiz Mateos, ambos imputados, en la sede de la presidencia de la Junta. También se investiga su participación en las crisis de las empresas jiennenses  Primayor, Dhul y Proasego, que recibieron fondos públicos de la partida 31-L.

Zoilo Ruiz Mateos (Sandeman). Empresa del Grupo Nueva Rumasa que recibió fondos para un ERE previo pago de presuntas comisiones a Juan Lanzas.

Publicado en Andalucesdiario.es